CONSTITUCIÓN DE 1978

Una vez llevadas a cabo las primeras elecciones generales tras el franquismo, el 15 de junio de 1977, la principal labor de las Cortes para culminar la transición hacia la democracia era la de redactar y aprobar una Constitución, la primera desde 1931. Para el presidente del Gobierno Adolfo Suárez "la elaboración de la Constitución se planteó desde el acuerdo de todas las fuerzas políticas del arco parlamentario. Nuestra convulsa historia constitucional nos había dado numerosos ejemplos de Constituciones que representaban la imposición de unos españoles sobre otros como consecuencia de una revolución, una guerra civil o un mero pronunciamiento. Esta vez no podía suceder lo mismo. La democracia era el resultado de un entendimiento común y la Constitución que la consagraba debía ser el resultado de un consenso generalizado" (Historia de la democracia, El Mundo).

Para la elaboración de la nueva Constitución, cuyas experiencias anteriores habían quedado muy atrás en la Historia, se valoraron diferentes posibilidades y finalmente se consideró que lo mejor era crear una ponencia dentro de la Comisión Constitución del Congreso de Diputados, compuesta por tres diputados de UCD (Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Gabriel Cisneros y José Pedro Pérez Llorca), uno del PSOE (Gregorio Peces-Barba), uno de AP (Manuel Fraga), uno del PCE (Jordi Solé Tura) y uno de los nacionalistas (Miquel Roca). Este último le correspondía al PSOE pero prefirió cedérselo a los nacionalistas antes que al Partido Socialista Popular de Tierno Galván con el que competía políticamente. Se da la circunstancia de que el Partido Nacionalista Vasco, aunque teóricamente representado por el catalanista Roca, siempre se sintió excluido de esta ponencia, lo que tendría consecuencias, ya que esta formación no votaría a favor del texto constitucional final.

Entre los que luego se considerarían "padres de la Constitución" se fue creando un buen ambiente de trabajo, y como ejemplo de ello cabe destacar la propuesta que hizo Manuel Fraga de que las reuniones fueran comidas de trabajo en las que, en cada ocasión invitaría uno de los ponentes.

No obstante, y pese a este buen ambiente general, no dejaron de producirse fuertes tensiones entre los ponentes como la introducción del término "nacionalidades" especialmente defendida por Roca y rechazada por Fraga, o el establecimiento para España de una monarquía parlamentaria, lo que aprovecharon socialistas y comunistas para obtener compensaciones por su aprobación final de este sistema político. El propio Rey Juan Carlos reaccionó ante este hecho pidiendo de manera informal a unos periodistas que le felicitaran, puesto que acababan de "legalizarlo".

Más seria fue la polémica creada por la publicación, en noviembre de 1977, del borrador secreto de la Constitución en la revista "Cuadernos para el diálogo", lo que sorprendió a los ponentes y provocó una reacción negativa de la Iglesia y de los empresarios (Javier Muñoz Soro, Cuadernos para el diálogo (1963-1976), pág. 353). También se produjo un momento de alta tensión cuando Peces-Barba decidió abandonar la ponencia el 7 de marzo de 1978, harto de los constantes acuerdos que alcanzaban los diputados de UCD y Fraga.

Pero la crisis más importante de este proceso de elaboración de la Constitución se produjo el 17 de mayo de 1978, cuando Miguel Herrero consiguió inicialmente, con el apoyo de AP, que no se reflejara en la Constitución la abolición de la pena de muerte. El líder socialista Felipe González llegó a anunciar entonces que el consenso estaba roto.

Ante todas estas dificultades que paralizaban la redacción de la Constitución, se produjo un acercamiento entre UCD y PSOE que se reflejó en las reuniones secretas que mantuvieron el centrista Fernando Abril Martorell y el socialista Alfonso Guerra varias noches hasta altas horas de la madrugada. Ambos políticos recuerdan como especialmente fructífera una reunión que mantuvieron el 22 de mayo, en la que aprobaron hasta 25 artículos de la Constitución.

Finalmente la Carta Magna se aprobó en el Congreso de los Diputados y en el Senado con una clara mayoría absoluta, y en el referéndum del 6 de diciembre con el 58% de los votos a favor, el 8% en contra y una amplia abstención del 33%.

Esta entrada se basa en un artículo que publiqué en el número 369 de la revista "Historia y vida",
titulado "Así se hizo la Constitución".

Texto íntegro de la Constitución aprobada en 1978

LEGALIZACIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (1977)

Rueda de prensa del PCE tras la legalización, con la bandera bicolor al fondo.

Tras la aprobación de la Ley para la Reforma Política, se había decidido convocar legalizar a todos los partidos políticos de cara a las elecciones generales que se fijarían para el 15 de junio de 1977, a todos los partidos menos al Partido Comunista de España (PCE) por ser el partido que simbolizaba los rojos derrotados en la Guerra Civil.

Por eso el gobierno de Adolfo  Suárez no se atrevió en primera instancia a legalizar el PCE al temer la reacción de los inmovilistas, sobre todo los altos cargos militares franquistas. En septiembre de 1976, Suárez había mantenido una reunión con los altos mandos militares en la que, entre otras cosas, les había asegurado que "por ahora", él no legalizaría el PCE (Juan Francisco Fuentes, Adolfo Suárez. Biografía política).

Sin embargo, medio año más tarde, el 9 de abril, sábado santo, el PCE quedaba legalizado de manera sorprendente (El País, 10 de abril de 1977). Para Suárez, la democracia no era completa si no se podían presentar todos los partidos a las elecciones, y así lo manifestó en una comparecencia televisada en mayo (El País, 5 de mayo de 1977). El 27 de febrero, Suárez había tenido ocasión de entrevistarse con el líder comunista Santiago Carrillo, que le había demostrado su apuesta por la democracia y la concordia, ya reflejada antes en la pacífica manifestación de repulsa por la matanza de laboralistas de Atocha.

La noticia de la legalización del PCE no sentó bien a los altos mandos militares que, aunque la acataron, se quejaron de que Suárez no había cumplido su promesa de septiembre y también criticaron que se habían enterado de la noticia por la prensa, algo que desmienten algunos (El País, 31 de marzo de 2012). 

El ministro de Marina, Gabriel Pita da Veiga dimitió, aunque algunos creen que lo hizo por desavenencia antiguas con Suárez (José Carlos Clemente, Historias de la Transición: El Fín del Apagón, 1973-1981, pág. 111), mientras que los otros ministros militares del Gobierno se mantuvieron en su puesto. Para algunos, no obstante, la legalización supuso el inicio de una conspiración militar que concluiría con el intento de golpe de Estado del 23-F (Pilar Cernuda, Fernando Jáuregui, Manuel Ángel Menéndez, 23-F: La Conjura de los Necios, pág. 41).

Los comunistas, y la oposición en general, aceptaron positivamente la noticia de la legalización y se empezó a preparar el regreso del exilio de la simbólica representante comunista Dolores Ibárruri "Paionaria", aunque también hubo algunos militantes que no estaban de acuerdo con que la legalización conllevara entre otras cosas la aceptación por parte del partido de la bandera bicolor (Joaquín Navarro, 25 años sin Constitución, Pág. 17).

Con todo, finalmente se celebraron las elecciones el 15 de junio y para sorpresa de muchos, el PCE, partido de la oposición que más activo se había mantenido durante el franquismo, obtuvo sólo el 9,4% de los votos, muy por debajo de sus expectativas y por detrás en la izquierda del PSOE que, con el 29,3% de los votos, se convertía en la principal fuerza de la oposición.

Santiago Carrillo recordó en la Cadena Ser la legalización del PCE, en su 35 aniversario.

PACTOS DE LA MONCLOA (1977)

En esta imagen se puede ver a algunos de los más relevantes protagonistas de los Pactos de la Moncloa: Enrique Tierno Galván, Santiago Carrillo, Felipe González, Adolfo Suárez, Manuel Fraga, Leopoldo Calvo-Sotelo y Miquel Roca, de izquierda a derecha.

En 1977, la situación económica de España no era buena, con una inflación anual en torno al 30%, un paro del 6,6% de la población activa, una deuda exterior de 14 millones de dólares y una importante reducción del PIB, cifras éstas provocadas por un lado por la crisis internacional provocada por la subida de precios del petróleo en 1973, y por los desajustes del crecimiento económico vivido en los últimos años del franquismo.

Tras conseguir la victoria electoral del 15 de junio, Adolfo Suárez pidió al vicepresidente del Gobierno para asuntos económicos, Enrique Fuentes Quintana, que elaborara un proyecto para salir de la crisis. Fuentes Quintana aseguró que fue él quien convenció a Suárez de la necesidad de conseguir un amplio consenso político para aprobar dicho proyecto.

De esta manera, Suárez empezó a contactar con los representantes políticos más destacados para sondear la posibilidad de reunirse todos para estudiar el proyecto. En un principio Suárez, se encontró con la negativa del líder socialista Felipe González, para quien el Presidente quería que "la oposición sacara las castañas del fuego al Gobierno" y del dirigente de AP, Manuel Fraga que nunca se mostró muy favorable a los pactos. Más positiva fue la respuesta del líder comunista Santiago Carrillo, cuya relación con Adolfo Suárez era bastante cordial, sobre todo desde la legalización del PCE medio año antes.

Finalmente, Suárez convocó a los representantes políticos al Palacio de la Moncloa el 8 de octubre de 1977. Desde ese día el ambiente entre los participantes fue bastante cordial, y se produjo el primer saludo de Fraga y Carrillo, a los que se vio en varias ocasiones dialogando animadamente. También hubo momentos de cierta tensión como cuando se recibió la noticia de un atentado mortal de ETA el mismo día 8. Las negociaciones se prolongaron durante varias jornadas hasta finales de octubre y concluyeron con dos tipos de pactos, uno económico y otro político. Del acuerdo económico, cabe destacar unas medidas de sanamiento monetarias, presupuestarias y de empleo, así como una reforma fiscal y otra de la Seguridad Social. El pacto político incluyó reformas del Código Penal como la regularización de los derechos de reunión y de asociación, y la despenalización del adulterio y de los anticonceptivos.

Como consecuencia de los Pactos, se logró rebajar la inflación y el déficit pero lo más destacado fue el ambiente de consenso creado, que sería decisivo para el siguiente gran objetivo del Gobierno de Suárez: la Constitución.

En la actualidad, España sufre una crisis muy superior a la de aquel año 1977, y hay quien pide a los representantes políticos que intenten aprobar unos nuevos Pactos de la Moncloa, ya que en momentos como éste parece que el consenso es más importante que nunca.

Información extraída del reportaje que publiqué en el número 355 de la revista "Historia y Vida".

Texto íntegro de los Pactos la Moncloa

                                Artículos y reportajes sobre los Pactos de la Moncloa                                                  

LEY PARA LA REFORMA POLÍTICA (1976)

Apenas medio año después del nombramiento de Adolfo Suárez como Presidente del Gobierno, éste se planteó un objetivo de cumplir con el que pretendía lograr definitivamente el final del régimen franquista: se trataba de aprobar la Ley para la Reforma Política que establecía la democracia para España, con principios clave como la supremacía de la Ley o la división de poderes... Y esa Ley debía ser aprobada por las Cortes franquistas, aunque suponía de hecho acabar con ellas.

Para su aprobación en Cortes se requería una mayoría de dos tercios, 354 de los 531 procuradores, para su aprobación. Entre los procuradores de las Cortes, había alrededor de unos 60 vinculados a diversos grupos reformistas (favorables al gobierno liderados por el propio Suárez), un número tal vez similar de ultras (radicalmente opuestos a dicha reforma); al menos 183 estaban encuadrados en el grupo aperturista Alianza Popular bajo la presidencia de Manuel Fraga y más de 200 sin organizar, mayoritariamente identificables como continuistas. Dada esa composición, si el gobierno quería conseguir su propósito era imprescindible el apoyo de los continuistas y de AP. Para ello tuvieron que negociar con los diversos grupos.

Primero se negoció con una parte de los procuradores, ultras y continuistas a los que se convenció estableciendo que cierto número de senadores sería designados por el rey y no por elección.Luego se discutió con AP sobre todo el sistema electoral, y se llegó a un acuerdo de sistema proporcional para el Congreso y sistema mayoritario para el Senado que contentaba a los procuradores de Fraga, tal y como se puede escuchar en esta grabación de RTVE donde el líder de AP pide el voto afirmativo para el referéndum.

De esta manera, por designación real o por la vía electoral, se podía permitir a los procuradores tener posibilidades de volver a ocupar sus escaños. Finalmente la Ley fue aprobada por las Cortes con 435 votos a favor y 59 en contra, lo que suponía de hecho su disolución y un paso más en la reforma planteada por Suárez.

Un procurador comentó el tema en la siguiente forma: “Son muy pocos los actuales miembros de las Cortes que se pueden permitir el lujo de que su nombre aparezca ligado a un intento de boicotear la democracia” (Blanco y Negro, 13 de noviembre de 1976).

La ley fue finalmente aprobada en referéndum celebrado el 15 de diciembre de 1976, con el 76,2% de los votos a favor, el 2% en contra, atendiendo por ejemplo a las peticiones en este sentido organizaciones católicas (El País, 8 de diciembre de 1976)  y el 22’3% que se abstuvo.

Texto íntegro de la Ley para la Reforma Política

Propaganda institucional pidiendo voto a favor

Partido del Trabajo pidiendo la abstención

Falange de las JONS pidiendo el voto en contra

EL ERROR SUÁREZ (1976)

Suárez elegido "Hombre del año" de 1977 por la revista Time

Aunque ya en 1977 la prestigiosa revista destacaba a Adolfo Suárez como "Hombre del año" por su labor en la Transición a la democracia en España, prestigio que se ha mantenido hasta la actualidad, lo cierto es que su nombramiento como Presidente del Gobierno, en julio de 1976, no fue ni mucho menos bien recibido, ya que se le consideraba un continuista del franquismo. Un ejemplo de esta mala acogida se pudo comprobar en la prensa de aquel momento. 

El diario recientemente aparecido El País publicó un artículo del historiador Ricardo de la Cierva, titulado

“¡Qué error, qué inmenso error!”en el que destacaba que “Quienes quieren ya lanzar la campaña sobre la juventud ministerial recuerden –en abstracto- la sentencia del conde de Mayalde sobre algunos políticos jóvenes de la régimen anterior: “Tienen todos nuestros defectos y ninguna de nuestras virtudes”. Esto, amigos, ha sido un disparate, sólo un milagro puede salvarlo”.

"El error Suárez" fue el título de la editorial que Cuadernos para el Diálogo publicó, y en la que se indicaba que "Nos parece inviable la línea que ahora se inicia; no pensamos que don Adolfo Suárez sea la persona adecuada para traer la democracia al país, y, porconsiguiente, creemos que su nombramiento es un error."

En la revista Triunfo también se publicó un artículo crítico con el nombramiento de Suárez, titulado "Una salida y no una solución" y firmado por Eduardo Haro Tecglen quien aseguraba que "Lo que parece bastante claro es que don Adolfo Suárez no es un hombre del que se pueda esperar una “ruptura”, que procede enteramente del Movimiento y que ha sido propuesto por el organismo más conservadora del régimen antiguo y moderno. Todo ello puede concitar las sospechas más profundas de la oposición democrática, e incluso de los “reformistas”, que pueden considerar que se trata de un paso atrás, o, por lo menos, que no se trata de un paso hacia adelante." 

Otros artículos críticos fueron los publicados por las revistas Cambio 16 ("Presidente por sorpresa") y Destino ("Arias va, Suárez viene"), e incluso merece la pena recordar una viñeta del dibujante Forges en la que se podía ver un búnker, símbolo del inmovilismo ultraderechista, de cuyo interior salía el comentario: "Se llama Adolfo, ¿no es maravilloso?

Pero no todo fue rechazo ante la decisión del Rey Juan Carlos de nombrar a Adolfo Suárez como Presidente del Gobierno. Así, el periodista Javier Cercás escribió en su libro Anatomía de un instante que "sólo la ultraderecha -desde los camisas viejas de Falange hasta los militares y los tecnócratas del Opus, pasando por los Guerrilleros de Cristo Rey- celebró el ascenso de Suárez a la presidencia, convencida de que el joven, obsequioso y disciplinado falangista representaba vino nuevo en odres viejos, la demostración palpable de que los ideales del 18 de julio seguían vigentes y la mejor garantía de que el franquismo, con todos los cambios cosméticos que las circunstancias exigieran, no iba a morir con la muerte de Franco."

También fue favorable un editorial titulado "Suárez: la nueva generación al poder", que, redactado por el monárquico Luis María Ansón, fue publicado en La Gaceta Ilustrada. Éste es un extracto del mismo:  “Queremos aplaudir el sereno acierto del rey al designar Presidente del gobierno a Don Adolfo Suárez (…) Suárez tenía tres años cuando se inició la guerra civil. Pertenece a la que un ilustre escritor a han llamado la “generación del silencio” (…) No es un aristócrata. No es un financiero. No tiene compromisos ni con el capitalismo ni con los grupos de presión (…) Ha realizado una excepcional labor como ministro..."

REFORMA O RUPTURA

Desde los últimos años del franquismo se fue haciendo cada vez más encendido el debate sobre cómo debería ser el futuro de España. Parecía que la lógica debía concluir en una democracia, pero había dos opciones para alcanzarla: reforma y ruptura. Se trataba de evolucionar a partir de las instituciones franquistas o de romper radicalmente con ellas. 

El futuro Rey Juan Carlos y los franquistas aperturistas creían que lo mejor era avanzar reformando el franquismo para mantener el positivo desarrollo socioeconómico que se estaba dando en el país desde el Plan de Estabilización. Además, consideraban que la oposición, debilitada y desunida durante todo el franquismo, no tenía suficiente fuerza para impulsar una ruptura radical con el franquismo, y también estaba el hecho de que consideraban que los inmovilistas, entre ellos gran parte de los altos cargos militares, no permitirían un proceso de ruptura.

Es cierto que la oposición estaba debilitada y dividida aunque en los últimos meses del franquismo se fueron produciendo algunos cambios destacados. En el Congreso socialista de Suresnes, frente a los "viejos" del exilio, se impusieron las tesis de los jóvenes socialistas residentes en España y liderados por Felipe González. Además, en ese mismo año, diferentes fuerzas políticas se fueron agrupando constituyéndose primero la Junta Democrática compuesta por PCE, PSP, CC.OO., PTE y otros grupos minoritarios; y posteriormente la Plataforma de Convergencia Democrática formada por PSOE, UGT, PNV, Izquierda Democrática y Unión Socialdemócrata. Estas dos agrupaciones se unieron posteriormente en la Coordinación Democrática, conocida popularmente como "platajunta", siempre con la idea de conseguir una clara ruptura con el franquismo, a partir de un gobierno provisional que se encargaría de elaborar una constitución.

Con todo esto, cuando Franco murió y Juan Carlos fue coronado se inició un proceso de reforma ralentizado primero por el primer Presidente del Gobierno de la Transición, Carlos Arias Navarro, e impulsado después con el nombramiento de Adolfo Suárez como nuevo Jefe de Gobierno. Así se fueron dando pasos que, poco a poco, fueron convenciendo a la oposición del verdadero objetivo democrático del nuevo régimen monárquico, como la legalización de los partidos políticos, una amnistía para presos políticos o la Ley para la Reforma Política que acababa definitivamente con el régimen franquista y daba paso a unas elecciones democráticas que se celebraron apenas un año y medio después de la muerte de Franco.

Viñeta de Máximo, publicada en El País el 30 de mayo de 1976

Con todas estas medidas, la postura de la oposición fue cambiando desde sus deseos de ruptura hacia una idea de consenso favorecida por la capacidad de diálogo impulsada por Adolfo Suárez. Fruto de ese consenso fueron los Pactos de la Moncloa con los que se sentaron las bases para superar la crisis económica internacional que se vivía entonces, y sobre todo la Constitución que contó con un amplio respaldo de los partidos políticos y de la población que la refrendó en el referéndum del 6 de diciembre de 1978.

De esta manera se fue imponiendo definitivamente la idea de reforma a la de ruptura lo que permitió que España desarrollara una transición a la democracia que ha sido considerada modélica y que se sigue estudiando actualmente como ejemplo en otros países que ya no son dictatoriales. Sin embargo, hay otros aspectos de esa política reformista que actualmente está haciendo que la transición sea criticada en nuestro país. Se trata del olvido pactado durante la Transición de todo lo relacionado con la represión franquista, olvido que se fomentó para facilitar el principal objetivo de aquellos años que era el de lograr una concordia entre todos los españoles. La Ley de Memoria Histórica, aprobada sin consenso, tampoco ha servido para solucionar este problema y todavía hoy en día se pueden leer en los periódicos encendidos artículos partidistas sobre este asunto que recuerdan tristemente a otros comentarios publicados durante los años más violentos de la Segunda República, durante la Guerra Civil o durante el Franquismo.  

Parece que a esto no le ayuda, sino más bien todo lo contrario, el claro bipartidismo que se ha implantado en nuestra democracia y la falta de espíritu de consenso que, incluso en momentos tan delicados como el de la crisis actual, se trasluce diariamente en la actuación de nuestros principales políticos.

PROCLAMACIÓN COMO REY DE JUAN CARLOS I (1975)

El 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte de Franco, Don Juan Carlos pronunciaba en las Cortes su discurso de coronación, un discurso que provocó las críticas de la oposición al franquismo por su referencia destacada a la figura de Franco, y las críticas de los franquistas por la alusión a su padre, Don Juan. Con todo y con eso cabe destacar en este discurso que el nuevo Rey centra el futuro de España en "un efectivo consenso de concordia nacional". Aquí está un fragmento de este discurso:

En esta hora cargada de emoción y esperanza, llena de dolor por los acontecimientos que acabamos de vivir, asumo la Corona del Reino con pleno sentido de mi responsabilidad ante el pueblo español y de la honrosa obligación que para mí implica el cumplimiento de las Leyes y el respeto de una tradición centenaria que ahora coinciden en el Trono.

Como Rey de España, título que me confieren la tradición histórica, las Leyes Fundamentales del reino y el mandato legítimo de los españoles, me honro en dirigiros el primer mensaje de la Corona, que brota de lo más profundo de mi corazón.

Una figura excepcional entra en la Historia. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado. Su recuerdo constituirá para mí una exigencia de comportamiento y de lealtad para con las funciones que asumo al servicio de la Patria. Es de pueblos grandes y nobles el saber recordar a quienes dedicaron su vida al servicio de un ideal. España nunca podrá olvidar a quien, como soldado y estadista, ha consagrado toda la existencia a su servicio.

Yo sé bien que los españoles comprenden mis sentimientos en estos momentos. Pero el cumplimiento del deber está por encima de cualquier otra circunstancia. Esta norma me la enseñó mi padre desde niño, y ha sido una constante de mi familia, que ha querido servir a España con todas sus fuerzas.

Hoy comienza una nueva etapa de la Historia de España. Esta etapa, que hemos de recorrer juntos, se inicia en la paz, el trabajo y la prosperidad, fruto del esfuerzo común y de la delicada voluntad colectiva. La Monarquía será fiel guardián de esa herencia, y procurará en todo momento mantener la más estrecha relación con el pueblo.

La Institución que personifico integra a todos los españoles, y hoy, en esta hora tan transcendental, os convoco porque a todos nos incumbe por igual el deber de servir a España. Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional.

El Rey es el primer español obligado a cumplir con su deber y con estos propósitos. En este momento decisivo de mi vida afirmo solemnemente que todo mi tiempo y todas las acciones de mi voluntad estarán dirigidos a cumplir con mi deber. 

 Texto íntegro del discurso de Coronación de Juan Carlos I