jueves, 26 de abril de 2012

LEY PARA LA REFORMA POLÍTICA (1976)

Apenas medio año después del nombramiento de Adolfo Suárez como Presidente del Gobierno, éste se planteó un objetivo de cumplir con el que pretendía lograr definitivamente el final del régimen franquista: se trataba de aprobar la Ley para la Reforma Política que establecía la democracia para España, con principios clave como la supremacía de la Ley o la división de poderes... Y esa Ley debía ser aprobada por las Cortes franquistas, aunque suponía de hecho acabar con ellas.

Para su aprobación en Cortes se requería una mayoría de dos tercios, 354 de los 531 procuradores, para su aprobación. Entre los procuradores de las Cortes, había alrededor de unos 60 vinculados a diversos grupos reformistas (favorables al gobierno liderados por el propio Suárez), un número tal vez similar de ultras (radicalmente opuestos a dicha reforma); al menos 183 estaban encuadrados en el grupo aperturista Alianza Popular bajo la presidencia de Manuel Fraga y más de 200 sin organizar, mayoritariamente identificables como continuistas. Dada esa composición, si el gobierno quería conseguir su propósito era imprescindible el apoyo de los continuistas y de AP. Para ello tuvieron que negociar con los diversos grupos.

Primero se negoció con una parte de los procuradores, ultras y continuistas a los que se convenció estableciendo que cierto número de senadores sería designados por el rey y no por elección.Luego se discutió con AP sobre todo el sistema electoral, y se llegó a un acuerdo de sistema proporcional para el Congreso y sistema mayoritario para el Senado que contentaba a los procuradores de Fraga, tal y como se puede escuchar en esta grabación de RTVE donde el líder de AP pide el voto afirmativo para el referéndum.

De esta manera, por designación real o por la vía electoral, se podía permitir a los procuradores tener posibilidades de volver a ocupar sus escaños. Finalmente la Ley fue aprobada por las Cortes con 435 votos a favor y 59 en contra, lo que suponía de hecho su disolución y un paso más en la reforma planteada por Suárez.

Un procurador comentó el tema en la siguiente forma: “Son muy pocos los actuales miembros de las Cortes que se pueden permitir el lujo de que su nombre aparezca ligado a un intento de boicotear la democracia” (Blanco y Negro, 13 de noviembre de 1976).

La ley fue finalmente aprobada en referéndum celebrado el 15 de diciembre de 1976, con el 76,2% de los votos a favor, el 2% en contra, atendiendo por ejemplo a las peticiones en este sentido organizaciones católicas (El País, 8 de diciembre de 1976)  y el 22’3% que se abstuvo.
Propaganda institucional pidiendo voto a favor
Partido del Trabajo pidiendo la abstención
Falange de las JONS pidiendo el voto en contra

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