miércoles, 2 de mayo de 2012

LEGALIZACIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (1977)

Rueda de prensa del PCE tras la legalización, con la bandera bicolor al fondo.

Tras la aprobación de la Ley para la Reforma Política, se había decidido convocar legalizar a todos los partidos políticos de cara a las elecciones generales que se fijarían para el 15 de junio de 1977, a todos los partidos menos al Partido Comunista de España (PCE) por ser el partido que simbolizaba los rojos derrotados en la Guerra Civil.
Por eso el gobierno de Adolfo  Suárez no se atrevió en primera instancia a legalizar el PCE al temer la reacción de los inmovilistas, sobre todo los altos cargos militares franquistas. En septiembre de 1976, Suárez había mantenido una reunión con los altos mandos militares en la que, entre otras cosas, les había asegurado que "por ahora", él no legalizaría el PCE (Juan Francisco Fuentes, Adolfo Suárez. Biografía política).
Sin embargo, medio año más tarde, el 9 de abril, sábado santo, el PCE quedaba legalizado de manera sorprendente (El País, 10 de abril de 1977). Para Suárez, la democracia no era completa si no se podían presentar todos los partidos a las elecciones, y así lo manifestó en una comparecencia televisada en mayo (El País, 5 de mayo de 1977). El 27 de febrero, Suárez había tenido ocasión de entrevistarse con el líder comunista Santiago Carrillo, que le había demostrado su apuesta por la democracia y la concordia, ya reflejada antes en la pacífica manifestación de repulsa por la matanza de laboralistas de Atocha.
La noticia de la legalización del PCE no sentó bien a los altos mandos militares que, aunque la acataron, se quejaron de que Suárez no había cumplido su promesa de septiembre y también criticaron que se habían enterado de la noticia por la prensa, algo que desmienten algunos (El País, 31 de marzo de 2012). 
El ministro de Marina, Gabriel Pita da Veiga dimitió, aunque algunos creen que lo hizo por desavenencia antiguas con Suárez (José Carlos Clemente, Historias de la Transición: El Fín del Apagón, 1973-1981, pág. 111), mientras que los otros ministros militares del Gobierno se mantuvieron en su puesto. Para algunos, no obstante, la legalización supuso el inicio de una conspiración militar que concluiría con el intento de golpe de Estado del 23-F (Pilar Cernuda, Fernando Jáuregui, Manuel Ángel Menéndez, 23-F: La Conjura de los Necios, pág. 41).
Los comunistas, y la oposición en general, aceptaron positivamente la noticia de la legalización y se empezó a preparar el regreso del exilio de la simbólica representante comunista Dolores Ibárruri "Paionaria", aunque también hubo algunos militantes que no estaban de acuerdo con que la legalización conllevara entre otras cosas la aceptación por parte del partido de la bandera bicolor (Joaquín Navarro, 25 años sin Constitución, Pág. 17).
Con todo, finalmente se celebraron las elecciones el 15 de junio y para sorpresa de muchos, el PCE, partido de la oposición que más activo se había mantenido durante el franquismo, obtuvo sólo el 9,4% de los votos, muy por debajo de sus expectativas y por detrás en la izquierda del PSOE que, con el 29,3% de los votos, se convertía en la principal fuerza de la oposición.

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